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Mientras el Gobierno desestimó realizar una auditoría impulsada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el Fondo de Integración Socio Urbana, a pesar de las serias irregularidades sobre las que alertó un reciente informe de la Sindicatura General de la Nación, el fiscal general de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani presentó una denuncia penal en Comodoro Py por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y defraudación en el fideicomiso que en los últimos cuatro años manejó más de 500 mil millones de pesos y que durante la gestión de Alberto Fernández controló políticamente la organización de Juan Grabois.
El fiscal, que sospecha que hubo «un mecanismo» que contempló el «desvío de fondos», abre su presentación de 27 páginas, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, recordando palabras del propio presidente Javier Milei que a poco de asumir apuntó a romper con “las cajas negras de la política” y mencionó ente ellas “al Fondo de Integración Socio Urbana”.
A partir de su creación en 2020, por una ley aprobada durante la gestión de Mauricio Macri, el FISU se fondeó con el 15% del dinero del Aporte de las Grandes Fortunas y el 9% del Impuesto País. Fue una de las banderas que alzó el Gobierno anterior para mejorar la infraestructura de barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
Pettigiani cita el duro informe que, como reveló Clarín, presentó la SIGeN y también una investigación periodística del programa La Cornisa, en la que se concluyó que “distintas cooperativas recibieron de manera arbitraria cuantiosas y millonarias sumas de dinero, aunque sin informar, en muchos casos, los proyectos de pliegos”.
Entre otras irregularidades, Pettigiani expone que en el informe de la SIGeN “se han encontrado, al menos, 10 cooperativas cuyo objetivo no era la construcción de viviendas pero que habían sido elegidas a ese fin y que recién un año después de haberse firmado el convenio con el FISU, pasaron a modificar su estatuto en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES, el organismo que las supervisa), seguramente tratando de emprolijar los papeles”.
El magistrado pone como ejemplo los casos de la Cooperativa de Trabajo La Fuente, Cooperativa de Trabajo Cuidados Colectivos Populares, Cooperativa de Trabajo 17 de diciembre, Ala de Águila y Carlos Almirón. Y recomienda, en virtud de «las reiteradas y notorias anomalías» señaladas por la SIGeN, «investigar el control sobre el proceso de formación que debería haber efectuado el INAES».
Había, según la denuncia, cooperativas a las que se les encomendaba la construcción y mejoras de casas pero que estaban inscriptas para la recuperación de materiales y desechos ó para la producción de dulces y mermeladas.
“Se observan inconsistencias en las contrataciones de los auditores de obras», plantea y remarca que existía «una generalizada falta de cumplimiento en los plazos previstos para la ejecución de las obras».
En ese sentido, Pettigiani también se detuvo en los fondos que destinó el FISU “para la contratación de tareas de monitoreo y seguimiento de las obras”, por centenares de millones de pesos: $342.742.659 en 2022 y de $1.724.069920 en 2023.
“Se ha generado un desembolso, sin ningún tipo de control ni publicidad alguna, que choca con nuestro sistema Republicano de Gobierno además de constituir la posible comisión de un ilícito penal, que será materia de investigación y probable reproche”, apunta el fiscal, que recuerda que a pesar que en ese tipo de contrataciones se estableció como criterio «el de la territorialidad en virtud de la cercanía geográfica de los proyectos», hay varias excepciones a esa regla, entre ellas la Cooperativa de Trabajo Diego Armando Maradona Limitada, que posee domicilio legal en un Hogar de Niños en La Matanza pero que se le encargó obras, con «muy importantes sumas dinerarias» en Jujuy, «a 1300 kilómetros de distancia de su sede».
«Conforme la crónica periodística del programa La Cornisa, su titular sería Juan Manuel Pettito Tevez, mano derecha de Juan Grabois», reseña Pettigiani en la denuncia. Por eso, solicita que se investigue y convoque a declarar tanto a Grabois, como a Fernanda Miño, la ex secretaria de Integración Socio Urbana y persona de extrema confianza del líder piquetero que tenía la lapicera sobre el FISU, y a Alexandre Roig, presidente del Directorio del INAES durante 2022 y 2023.
El fiscal considera que se trató de un «mecanismo» y no casos aislados. «Si se adjudica arbitrariamente a una cooperativa una obra, si la cooperativa es de La Matanza y se traslada a Jujuy y si esa cooperativa no presenta tampoco ningún pliego, es lógico que no hubiera control de ninguna naturaleza por parte de las autoridades que administraron los fondos, ni menos aún de quienes los recibieron», sostiene.
Como conclusión, Pettigiani enfatiza que «el programa del FISU, que tenía por objeto la urbanización de barrios populares ha desembolsado fondos a cooperativas que no solo no contaban con experiencia ni como objeto social el rubro de la construcción» y da un diagnóstico contundente: «Estamos ante un posible desvío de fondos, los que eran direccionados de manera arbitraria por las autoridades del FISU, y sin control alguno, máxime que ni siquiera esas cooperativas presentaron pliego alguno y que, en algunos casos, tampoco cumplieron con los plazos convenidos para la culminación de la obra», completa.
En el Gobierno, como contó Clarín, desactivaron la idea de hacer una nueva auditoría como pedía Pettovello y se impuso la postura del actual secretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, quien considera «un ejemplo» lo hecho durante la gestión anterior y recibió el respaldo de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. El tema fue motivo de una feroz discusión interna en el oficialismo.
Grabois celebró la decisión de la Casa Rosada, reclamó que «pidan perdón a Fernanda Miño y a los cooperativistas que difamaron» y desafió: «Auditen seriamente, denuncien al que roba, pero no jodan a los de abajo, no ataquen la organización comunitaria, no difamen a la gente honesta y no calumnien sin pruebas».